Conflitos ambientais nos licenciamentos das usinas hidrelétricas Teles Pires e São Manoel: disputas de poder entre órgãos do Estado e resistência dos povos Apiaká, Kaiabi e Munduruku

Abstract

Esta tesis describe y analiza un escenario de conflictos ambientales que involucra a los pueblos Apiaká, Kaiabi y Munduruku, resultantes de irregularidades y violaciones de sus derechos en el proceso de licenciamiento ambiental de las hidroeléctricas Teles Pires y São Manoel. Situadas en el río Teles Pires, en la frontera entre los estados de Pará y Mato Grosso, estas centrales vulneran derechos garantizados por la Constitución Federal, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y normas internacionales de derechos humanos. A través de una descripción etnográfica de lo que denomino el «choque de documentos» -formado por cartas, opiniones, informaciones y notas técnicas intercambiadas entre la Empresa de Investigación Energética (EPE), la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) y el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA)-, pretendo poner de manifiesto las luchas de poder entre estos organismos en la aplicación de la legislación y la normativa ambiental que garantizan los derechos indígenas. La primera violación de los derechos de los apiaká, kaiabi y munduruku se produjo cuando el gobierno federal aprobó las presas en el río, parte integrante de su territorio y de sus vidas, sin consultarles previamente. Posteriormente, se detectaron graves omisiones en el proceso de concesión de licencias ambientales, como la ausencia de un Estudio de Componentes Indígenas (ECI) específico para la presa de Teles Pires. Además, hubo repetidas omisiones intencionadas en las finalizaciones y revisiones del estudio único elaborado para las dos presas. Estas situaciones provocaron enfrentamientos entre la FUNAI, que pretendía que el ECI y los programas de compensación se llevaran a cabo de forma que se garantizara la participación indígena y las medidas de control y/o compensación de los efectos ambientales que afectarían a los Apiaká, Kaiabi y Munduruku, y la EPE, que incumplió las fases de concesión de licencias y las directrices del órgano indígena. A lo largo de este proceso, los afectados han resistido de diversas formas, a través de cartas, manifiestos, ocupaciones en la obra, entre otros, en un intento de minimizar la violencia de estos proyectos que han alterado enormemente sus vidas. La conclusión es que proyectos como estos son, por su naturaleza, generadores de conflicto y violencia. Aunque las acciones del Estado no son homogéneas, la perspectiva de desarrollo económico, disfrazada bajo la apariencia de sostenibilidad, es el principal fundamento de las políticas de infraestructuras, perpetuando una forma actualizada de política colonial.